Una verdadera reforma energética debe tener como eje el desarrollo tecnológico nacional

Los únicos cambios a las leyes aceptables son aquellos que promuevan la generación de conocimiento y tecnología, impulsen el desarrollo del país y aumenten el bienestar de la población   
En los planteamientos de la mayoría de las propuestas se omite a organismos estratégicos para el desarrollo de tecnología en el ámbito de energía

Una verdadera reforma energética debe tener como uno de sus ejes principales el desarrollo tecnológico nacional para impulsar la innovación en todos los sectores de la economía y generar riqueza nacional, consideró el doctor Nicolás Domínguez Vergara, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Las reformas al sector petrolero deben concretarse después de un profundo análisis de las diferentes propuestas, y los únicos cambios a las leyes que podrían aceptarse son aquellos que no mermen la soberanía, que garanticen la seguridad energética, promuevan la generación de conocimiento y tecnología, impulsen el desarrollo del país y aumenten el bienestar de la población, agregó el científico.

Sin embargo, lamentó, las propuestas para la reforma energética que están promoviendo organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Woodrow Wilson International Center (WWC), el Partido Acción Nacional y el Ejecutivo Federal van en sentido contrario, no consideran primordial el desarrollo de tecnologías nacionales específicas para el sector energético, y se encaminan hacia la continuidad de la dependencia tecnológica.
En los planteamientos de la mayoría de estas propuestas se omite a organismos estratégicos para el desarrollo de tecnología en el ámbito de energía, como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), observó el físico.
La tecnología, los retos tecnológicos y el desarrollo tecnológico “son tan sólo palabras cosméticas dentro de estos discursos frívolos, y la mejor excusa para impulsar la privatización del sector energético”, acusó el académico del Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.
Recordó que la privatización energética ya es visible en el país en materia de electricidad y en cierto grado en lo referente a exploración, explotación, transformación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos, pero en los próximos meses se pretende legalizarla y ampliarla más, aún cuando la intervención privada que ya existe en el país no ha generado los empleos y la riqueza esperada y sí corrupción, baja competitividad, inseguridad industrial y deterioro al medio ambiente, criticó el especialista.
Una privatización no mejoraría el desarrollo tecnológico nacional ni la generación de recursos humanos, pues los operadores privados traerían sus tecnologías, sus cuerpos técnicos, y el financiamiento para el desarrollo de tecnología que necesitaran lo proporcionarían a otros países, como ocurre en el sector eléctrico.
Al realizar un análisis sobre algunas aseveraciones de las diferentes propuestas señaló, por ejemplo, que el Imco estima que para desarrollar las reservas 2P (probadas y probables) se necesitan 300 mil millones de dólares, pero no presenta el cálculo de la parte de la renta que los operadores privados estarían dispuestos a ceder en materia de impuestos, derechos y aprovechamiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Su análisis no establece qué fracción de la renta invertirían en investigación y desarrollo, y tampoco evalúa el déficit fiscal que se tendría porque Pemex ya no sería el principal contribuyente.

El Imco también señala que 25 por ciento de los recursos prospectivos convencionales en aguas profundas se convertirán en reservas probadas de hidrocarburos con un costo de 186 mil millones de dólares, cuando los recursos prospectivos son todavía una conjetura, lo mismo puede decirse respecto del cálculo de la inversión –226.8 mil millones de dólares– para la explotación y desarrollo de gas y aceite de lutitas cuando no existe siquiera una estimación aceptable de los recursos prospectivos.
La propuesta conjunta del ITAM/WWC expone la necesidad de una “política energética nacional comprensiva” y el requerimiento de más “operadores”, refiriéndose a entidades privadas, ya que asegura que Petróleos Mexicanos (Pemex) “carece de recursos, experiencia o incentivos para sostenerse a sí misma”.
La anterior es una deliberación sesgada, puntualizó el experto, porque se deja de lado que Pemex es el quinto productor de petróleo en el mundo; que por sus ingresos la paraestatal ocupa el lugar décimo quinto de las compañías del continente americano; y antes del pago de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, sus ganancias son mayores a las de Petrobras, Chevron, Exxon y Shell.
Domínguez Vergara aseguró que Pemex sí tiene experiencia y ventas para justificar su existencia e identificó que es la desmesurada carga fiscal –el pago que Pemex hizo por concepto de impuestos y derechos a la SHCP en 2012 por ventas de 1 646 900 000 000, lo equivalente a 54.8 por ciento de tales ingresos–, la que le produce la mayor afectación a la paraestatal; comparativamente, la empresa noruega Statoil tiene una carga fiscal del 19 por ciento, y la de Ecopetrol de solamente 11 por ciento.
Por supuesto, señaló el experto, el documento del ITAM/WWC, si bien reconoce la enorme carga impositiva a Pemex, no menciona que si se retirara esa excesiva carga fiscal a Pemex difícilmente se justificarían los “operadores privados” que proponen.
Más aún, la propuesta ITAM/WWC se declara en favor de una regulación apropiada para recursos no convencionales, con menores tasas impositivas para las trasnacionales.
Se plantea también que los privados controlen las operaciones, obtengan parte de la renta petrolera y puedan contabilizar las reservas del país en sus libros.
En la propuesta del Ejecutivo Federal se asegura que con la reforma que se propone se crearán cientos de miles de empleos y las tarifas de electricidad y gas bajarán y esto se logrará porque tenemos grandes cantidades de gas shale o de lutitas, pero para obtener estas riquezas del subsuelo es necesario tener la mejor tecnología y no podemos desarrollarla, ni siquiera adquirirla, la posesión de tecnología de punta la tienen sólo los operadores privados.

“Los recursos de lutitas son prospectivos, es decir hipotéticos, tan hipotéticos como los cientos de miles de empleos que se afirma se crearán”

El Poder Ejecutivo propone realizar contratos con las entidades privadas, con los que se compartirá la utilidad –ganancias–, el concepto de renta es modificado por el de utilidad y ello hace necesario los cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política.
Los contratos de riesgo se denominan de utilidad y mencionan que son contratos en que los operadores privados ponen en riesgo su financiamiento, pero no mencionan que cualquier financiamiento de los privados se llevará una ganancia, mayor que la que obtendría en otras inversiones, de ahí su deseo de que el sector petrolero se abra al capital privado.
Tampoco se señala que son contratos de riesgo para el país porque se pierde la renta petrolera nacional, se oculta que con los operadores privados el país dejaría de percibir los enormes ingresos que se obtienen de Pemex, aunque se afirma que por medio de la recaudación de impuestos a los operadores privados se tendrán más recursos económicos, lo que es una conjetura más.
“La propuesta quiere hacernos creer que los operadores privados traerán mucho dinero a México, pero las compañías trasnacionales petroleras son negocios, buscan aumentar sus ganancias, no ser benefactores (…) la verdad es que con la propuesta del Ejecutivo habría una transferencia de la renta de la industria del petróleo a las empresas trasnacionales”.
UAMeros