Arpaio suspende vigilancia de inmigración

El jefe policial de Arizona que señaló el camino a las policías locales de todo el país para emprender la vigilancia de inmigración ha reconsiderado sus patrullajes, y se espera que los funcionarios que siguieron sus pasos con el tiempo también se retracten.
Joe Arpaio, alguacil del condado de Maricopa, suspendió temporalmente todos sus operativos en asuntos de inmigración después de que un juez federal falló hace dos semanas que el funcionario se dejaba llevar por caracterización racial al realizar sus patrullajes, dijo el portavoz de Arpaio, Brandon Jones, a The Associated Press.
Los detractores de Arpaio, entre ellos el gobierno federal, han ganado terreno en su lucha por impedir que el jefe policial se encargue de la vigilancia de inmigración. Aún antes del fallo, Washington había despojado a la oficina de Arpaio de sus poderes federales especiales para realizar arrestos por cuestiones de inmigración y comenzó a reducir el programa en todo el país a raíz de las quejas de que los funcionarios locales cometían abusos. Se cree que el fallo contrario a Arpaio tendrá impacto en las leyes estatales de Arizona, Alabama, Georgia y Carolina del Sur, donde los agentes policiales interrogan a la gente sobre su estatus migratorio en algunos casos.

La actitud sobre la inmigración ha cambiado drásticamente a nivel nacional. 

Un menor número de estados tratan de aprobar sus propias leyes de inmigración y quienes proponen que el Congreso reforme el sistema de inmigración a nivel nacional tienen al público de su lado.
Peter Spiro, catedrático de derecho de la Universidad Temple y experto en ley de inmigración, dijo que el fallo del 24 de mayo fue un duro revés para Arpaio y el movimiento hacia un mayor poder local sobre la inmigración. "Es una advertencia para cualquier otro Joe Arpaio que pueda surgir por ahí", destacó Spiro. "Se trata de un ejemplo que otros no se pueden dar el lujo de ignorar", agregó.
La suspensión temporal de la vigilancia de inmigración de Arpaio viene a ser la primera pausa desde que el alguacil inició sus drásticas medidas hace más de siete años e hizo de la vigilancia de la frontera nacional el tema central de su identidad política.
Su tarea de inmigración continuará suspendida hasta por lo menos el 14 de junio, cuando los abogados asistan a una audiencia y discutan posibles remedios a las violaciones constitucionales halladas por el juez federal Murray Snow. No se sabe si Arpaio reanudará su vigilancia de inmigración después de la audiencia. El fallo no le prohíbe del todo aplicar las leyes de inmigración del estado, pero le impone una larga lista de restricciones sobre sus patrullajes de inmigración, tales como usar la raza como un factor decisivo para detener un vehículo con un ocupante hispano.
El jefe policial no será condenado a prisión ni se le impondrán multas como resultado del fallo. Pero se cree que los abogados opuestos a Arpaio pedirán más entrenamiento para los agentes, un mejor registro de los arrestos y que un funcionario designado por la corte vigile las operaciones de la agencia con el propósito de asegurar que la oficina del alguacil no realiza arrestos inconstitucionales.

"No realizaremos tareas de inmigración hasta esa audiencia", afirmó Jones. "Hasta que se realice la audiencia, es mejor estar seguros que tener que arrepentirnos".

Después que Arpaio perdió su poder federal para realizar arrestos vinculados con la inmigración en octubre del 2009, alegó cumplir con las leyes estatales para continuar realizando sus esfuerzos de vigilancia.
Han pasado casi dos años desde que Arpaio realizó la última de sus características redadas, en las cuales sus asistentes se emplazaban en una ciudad -en algunos casos áreas habitadas mayormente por hispanos- durante varios días a fin de detectar trasgresiones de tránsito y para arrestar a otros que violaran la ley. Sin embargo ha continuado aplicando la ley contra el tráfico de inmigrantes en Arizona y otra ley que prohíbe a los empleadores contratar a inmigrantes que viven sin autorización en el país. El alguacil ha suspendido ambas medidas después del fallo de Snow.
Cecillia Wang, una abogada que hizo presión en el caso en nombre de grupos de hispanos y líder del proyecto sobre derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), dijo que el alguacil de Arizona no ha sido el único funcionario local en violar los derechos de los hispanos en la vigilancia de inmigración, pero ha sido el más vociferante.

"Hay otras agencias por ahí que han estado haciendo lo mismo pero de manera más silenciosa"

La ACLU mencionó varios condados en Carolina del Norte, por ejemplo. El Departamento de Justicia presentó una demanda en diciembre acusando al alguacil del condado de Alamance Terry S. Johnson y sus asistentes de hacer arrestos sin orden judicial con el objeto de incrementar las deportaciones. Las autoridades federales acusaron a Johnson de ordenarles que arresten a conductores que tengan rasgos hispanos, aunque sea por la más mínima infracción de tránsito, mientras que permitían a los de raza blanca continuar luego de amonestarlos. Asimismo señalaron que Johnson les ordenaba que bloquearan las calles con barreras en vecindarios habitados por hispanos.
Chuck Kitchen, un abogado que representa al alguacil Johnson, negó enérgicamente las acusaciones y dijo que no había visto similitudes entre los casos. "No parece que el fallo tenga algún efecto en Alamance", destacó Kitchen.
Jessica M. Vaughan, un experto en la aplicación de leyes de inmigración del Centro para Estudios de Inmigración, que defiende que las normas se hagan más estrictas, refutó la posibilidad de que el fallo contra la caracterización racial en el caso de Arpaio tenga un efecto desacelerador en los esfuerzos locales sobre inmigración.
Vaughan señaló que el punto de vista que predomina en las agencias locales es que tienen la responsabilidad de trabajar con el gobierno federal en inmigración. "Serían negligentes de su deber si no lo hacen", añadió.
En una entrevista a principios de semana, Arpaio dijo que le sorprendió el fallo de Snow, pero se abstuvo de comentar sobre los efectos de la decisión sobre sus operativos. "Tengo respeto por los tribunales, pero tienen que hacer su trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo", dijo el jefe policial.

"El sistema federal de justicia también te concede la oportunidad de apelar".

Tim Casey, el principal abogado de Arpaio, dijo que la decisión contra la oficina de Arpaio crea jurisprudencia en el campo de la ley de inmigración. "Tendrá un impacto inevitable en los derechos individuales y las operaciones policiales en todo Estados Unidos", afirmó Casey. "Será citada y servirá de guía para muchos otros por mucho tiempo".